El Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo se transforma para proteger y salvaguardar la integridad física y los derechos de los niños y niñas que ahí residen.
El diagnostico que solicitó el gobernador Mauricio Vila Dosal arrojo diversas irregularidades y casos de maltrato y signos de violencia contra algunos menores. Se denunció a tres ex trabajadores ante las autoridades judiciales por maltrato y signos de violencia y ya están en prisión preventiva como marca la ley.
“La prioridad son los niños y jóvenes y haremos todo lo que establece la ley y más allá aún, para protegerlos”, aseguró la secretaria general de Gobierno, abogada María Fritz Sierra.
Ahora se aplican pruebas psicométricas y de confianza a los trabajadores del CAIMEDE. Se incluyó a mujeres policías para controlar los accesos del centro y proporcionar mayor seguridad a los niños.