Ayer dimos cuenta de la primera parte de amplio reportaje publicado por el periódico español El País. El trabajo firmado por Zorayda Gallegos Valle intenta dar respuesta a la razón por la cual hasta hoy no se desmantela la estructura criminal de quienes realmente importan y son los cerebros de las organizaciones criminales en México.
Angélica Ortiz Dorantes, quien ha escrito diversos libros sobre el tema de lavado de dinero, señala que en la Fiscalía regularmente hay un desperdicio de personal especializado.
“Hay mucha gente que se capacita constantemente, pero que luego en vez de mandarlos al área de investigación de lavado, los envían a otras tareas, y no se aprovechan sus conocimientos del tema”, explica.
Entonces, abunda, la persecución del delito quede en manos de personas que no lo entienden porque no lo han estudiado o no tienen la capacitación adecuada.
Desde 2002, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a exhibir a empresas mexicanas que servían a los carteles de la droga mexicanos para blanquear sus activos.
Desde enero de ese año a finales de 2018 habían documentado cerca de 300 empresas, pero en México sólo diez fueron aseguradas por la Fiscalía al estar inmersas en una investigación y transferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), un organismo descentralizado que se encarga de resguardar los artículos, inmuebles, y dinero que las autoridades aseguran en una indagatoria mientras se define su destino o hasta que un juez decreta su decomiso mediante una sentencia firme.
Además, de las diez empresas que en México fueron aseguradas, cuatro de ellas fueron devueltas a sus propietarios, en la mayoría de los casos las compañías nunca fueron clausuradas y hasta han prestado servicios al Gobierno federal, administraciones estatales o a los ayuntamientos.
La mayor cantidad de empresas mexicanas exhibidas por la OFAC –alrededor de cien– tienen un vínculo con el cartel de Sinaloa. Las primeras compañías de esa organización en aparecer en el listado fueron señaladas como lavadoras de Ismael El Mayo Zambada. El Departamento de Estados Unidos exhibió en 2007 cinco compañías, entre las que había una comercializadora de leche, una gasolina y una constructora.
Hasta finales de 2018, el SAE tenía 28 empresas bajo resguardo que le había transferido la Fiscalía por estar inmersas en una indagatoria de blanqueo o delincuencia organizada, según la información conseguida mediante la ley de transparencia.
En México se lava dinero sucio en muchos y diversos ramos: principalmente en casas de cambio, tiendas de ropa, casinos, restaurantes o bares. También en farmacias, salones de fiestas, inmobiliarias, ranchos ganaderos o agrícolas, compañías mineras, constructoras, mensajerías, hoteles, casas naturistas, mudanzas, agencias distribuidoras de autos, empresas de blindaje y centros turísticos, entre otras.
Las fallas por parte de la Fiscalía General en la persecución de los delitos las ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. Un informe de 2016 evidencia que los ministerios públicos —que dependen de la Fiscalía— han presentado inconsistencias en la integración de los expedientes y eso retribuye en que el juzgador tenga que devolver los casos.
La ASF pidió a la Fiscalía que distribuya equitativamente las cargas de trabajo e inspeccione los pliegos de consignación de los ministerios públicos. El órgano fiscalizador concluyó que la investigación y persecución de estos delitos fueron insuficientes para reducir la impunidad.
¿Por qué no se desmantela la estructura criminal de quienes realmente importan y son los cerebros de las organizaciones? Porque no hay una buena investigación y si no hay buena investigación hay pocos decomisos”, resume la experta.