Un juez federal ordenó mantener derechos y beneficios del Sistema Nacional de investigadores (SNI) a más de cien universidades privadas, al conceder una suspensión provisional contra la reforma que las excluyó de seguir recibiendo recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

De esta manera, según publica el periódico Reforma, fue concedida la suspensión en un amparo promovido por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), que impugna la reforma al reglamento del SNI, publicada el 20 de abril, por lo cual más de mil 600 investigadores y científicos de universidades privadas no pueden acceder a estos fondos.

Así que se otorgó a fin de que “las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban, es decir, para que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas controvertidas”.

A pesar de ello, el Conacyt puede impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado de circuito que tendrá 48 horas para resolver.

El 22 de junio el juzgado resolverá de manera concluyente si concede la suspensión definitiva, que obligaría a la institución dirigida por María Elena Álvarez-Buylla  a no retirar los beneficios económicos y académicos que otorgaba antes del 20 de abril a investigadores de universidades afiliadas a la FIMPES.

Estas incluyen al ITAM, varios campus de las universidades Anáhuac e Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Universidad Panamericana, el ITESO, la universidad La Salle, la Autónoma de Guadalajara, entre otras.

Hasta el momento, investigadores a título personal, y algunas universidades y asociados han presentado al menos otros trece amparos ante juzgados de la capital del país para cuestionar la reforma del SIN.

Se informa que la resolución del juez federal además reinstauró la posibilidad de que servidores públicos en funciones cobren al mismo tiempo apoyos como investigadores, como será el caso del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, que fue habilitado como investigador III de golpe y porrazo, ante el descontento de la comunidad académica.

Aunque la mayoría de los amparos han sido admitidos a trámite, solo en dos casos se han otorgado suspensiones.

Los juicios para aclarar si la reforma al SNI viola derechos humanos tomarán varios meses, y eventualmente serán decididos por tribunales colegiados de circuito o por la Suprema Corte de Justicia, si es que decide intervenir de manera extraordinaria para resolver sobre la constitucionalidad de un reglamento.