De acuerdo con una publicación del periódico “El País”, la sociedad española ha sido tradicionalmente remisa a abordar el drama del suicidio, en particular entre los jóvenes.

El desgarramiento que produce en familias, amigos y entorno social ha provocado durante mucho tiempo el silencio o la reserva ante esos casos por temor a un potencial efecto mimético.

También esto lo ha cambiado la pandemia: el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años después de los tumores, y la primera de los varones de esa edad.

La soledad, el aislamiento, el miedo al futuro que muchos adolescentes han experimentado durante estos dos últimos años han hecho mella en su estado de ánimo y, en algunos casos, han agravado o desencadenado en ellos tendencias suicidas. La familia y el entorno escolar son los que están en mejores condiciones para detectar las señales de alerta que a menudo emiten de forma más o menos perceptible.

El problema está adquiriendo una dimensión que exige medidas preventivas urgentes. Según un estudio patrocinado por el Consejo General de Psicología de España, el 15.5% de la población española dice haber tenido ideas suicidas, pero ese porcentaje se eleva hasta un 25.7% entre los jóvenes de 18 a 25 años.

Por debajo de esa edad, los datos también son preocupantes y apuntan de nuevo a un incremento. Las hospitalizaciones por autolesiones entre los 10 y los 24 años casi se han cuadruplicado en las últimas décadas: de 1,270 en el año 2000 a 4,048 en 2020, según el Ministerio de Sanidad.

Existe un margen importante de intervención para evitar el drama: por cada suicidio consumado.

La Asociación Española para la Prevención del Suicidio identifica algunos elementos de alerta para activar la ayuda a tiempo. El 90% de las personas que intentan suicidarse presentan algún tipo de trastorno psiquiátrico, como depresión o trastorno bipolar.

En ocasiones la ideación suicida ha aparecido después de episodios de crisis de angustia y ansiedad que han derivado en un problema crónico.

El reto de los docentes en la aplicación de los protocolos de prevención es evitar el estigma asociado a la salud mental, pero a la vez tutelar a los jóvenes una vez diagnosticado el riesgo: ocultar el problema ha dejado de ser una opción.