La Fiscalía General de México ha apelado el cierre del caso por corrupción, delincuencia organizada y lavador de dinero que dictó un juzgado federal a favor de cinco investigadores de los 31 implicados en una denuncia presentada desde septiembre de 2021.
El sobreseimiento impugnado fue ordenado el pasado 13 de enero para Julia Tagüeña, José Franco, Gabriela Dutrénit, Teresa de León y Marcial Bonilla.
El equipo legal de Franco, Tagüeña y Dutrénit está la espera de la notificación por escrito de la impugnación. Sin embargo, fuentes federales confirmaron al periódico español “El País” que el recurso fue presentado. En caso de que se confirme que la impugnación se presentó dentro de los plazos permitidos, tendrá que ser un tribunal colegiado el que confirmará la decisión judicial o, por el contrario, dé la razón al Ministerio Público y ordene la reapertura del caso para los indiciados.
Alberto del Río, abogado defensor de tres de los investigadores, detalla que hasta ahora solo tienen una confirmación verbal del juzgado y hasta que tengan en su poder la notificación de la apelación, contarán con tres días para manifestarse.
El litigante matiza que el tribunal de apelación solo resolverá si hubo una violación procesal y solo puede confirmar, revocar u ordenar que dicte una nueva resolución por alguna falta de fundamentación
En septiembre de 2021, la Fiscalía solicitó al poder judicial que se ordenará la detención de 31 investigadores denunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por su probable participación en una trama de operaciones irregulares con recursos públicos. Sin embargo, desde ese entonces el mismo juez que ahora dictó el sobreseimiento del caso fue el que rechazó la petición de la Fiscalía.
La denuncia presentada en septiembre de 2021 contra seis integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y 25 funcionarios del Conacyt durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue la pista de presuntas asignaciones millonarias e irregulares a favor del FFCyT.
La dirección actual del Conacyt, bajo la tutela de María Elena Álvarez-Buylla, esgrime que más de 240 millones pesos entregados al FFCyT se distribuyeron de manera irregular.
Los cinco investigadores que hace unos días celebraban el cierre definitivo de su caso tras más de un año de audiencias, amparos y reuniones con abogados, ahora están en vilo, a la espera de que un tribunal colegiado decida si admite la impugnación y con ello abre un capítulo más en su historia, o, por el contrario, cierra de golpe el último recurso de la Fiscalía para mantenerlos en el banquillo de los acusados.